Aquí les entrego un resumen de actualidad dominicana. Esta realidad es extensible a muchos países del hemisferio. Por: Enrique Soldevilla
En la República Dominicana está ocurriendo un tránsito de la democracia representativa hacia la democracia participativa. Y en ese transcurso, como siempre ha ocurrido en la historia, lo viejo tiende a impedir el advenimiento de lo nuevo.
El reto de esa transición plantea un dilema cuya solución es crucial: o son superados los modos obsoletos de gestión política o el país quedará rezagado hasta degenerar en un Estado fallido, al igual que ocurre lamentablemente con Haití, por citar sólo un ejemplo próximo a los dominicanos. Ese dilema es expresión de crecimiento, de maduración de la democracia en tanto sistema político que, a pesar de sus debilidades, ha demostrado una indudable capacidad de auto regeneración a través de la historia.
Es importante comprender que en nuestros días la mencionada transición, ese paso de una dinámica democrática a otra más moderna, está determinada por un sistema jurídico-institucional exigido por las potencias mundiales, que marcan los derroteros de la globalización, cuando en otras regiones geográficas van desapareciendo las barreras nacionales para construir uniones supranacionales de estados, como es el caso de la Unión Europea, mientras que en otras regiones, económica y políticamente menos avanzadas el proceso modernizador impulsado por la globalización origina una fuerte resistencia al cambio histórico-social.
Los tratados de libre comercio, la cooperación militar y la ayuda financiera internacional hoy están condicionados a una transformación esencial y obligatoria de las instituciones de los países en vías de desarrollo, así como de sus modos tradicionales de gestión en la que la vida gira en torno al clientelismo político.
Entre otras reformas en curso, la adopción del nuevo código procesal penal en la República Dominicana es considerada la piedra angular de la actual transición en el plano jurídico, en aras de administrar la justicia con transparencia en todas las etapas de un proceso y de respetar los derechos humanos. Asimismo se procura la profesionalización de la carrera pública, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los servidores del Estado independientemente del partido gobernante; otro paso en la dirección modernizadora es la promulgación de la ley de libre acceso a la información. Muy vinculado a ésta, se intenta el fortalecimiento institucional del país, la eliminación de la práctica de favorecer a proveedores como pago a su clientelismo político y el respeto a la disciplina de las licitaciones públicas, sólo comprometidas con el bien común.
Paralelamente emergen organizaciones de la sociedad civil como nuevos actores políticos de la democracia participativa, y se acentúa el discurso sobre la necesidad de inversión social y creación del desarrollo comunitario a través del micro crédito a la pequeña y a la mediana empresa.
En este diseño de institucionalidad y transparencia se legitima la independencia financiera del poder judicial, así como la creación del departamento contra la corrupción administrativa, aspectos de todo un conjunto armonizado que va configurando el nuevo sistema operativo de la democracia moderna, convirtiéndose en un “Windows” sociopolítico del siglo XXI.
Sin dudas ese proceso se hace más viable cuando se redefine y moderniza el marco jurídico del Estado, pero la batalla que permitirá el verdadero salto cualitativo hacia el desarrollo nacional dominicano debe ser librada en la mentalidad de la gente, lo cual constituye un desafío para los medios de prensa, para las instituciones de enseñanza y para las organizaciones de la sociedad civil, al convertirse éstos en protagonistas naturales del impostergable proceso de cambio cultural, porque si bien una modificación formal de las reglas del juego contribuye a que cambien algunas maneras de jugar, el objetivo supremo es crear una congruencia entre esas nuevas reglas y la conciencia transformadora de la actitud de los jugadores.
Un aspecto crucial de la batalla educativa es la persuasión acerca de los beneficios que se obtendrían al suprimir, por ley, la subvención estatal y privada a las organizaciones políticas, pues esa absurda práctica es fuente primaria de clientelismo y corrupción, deformaciones que bloquean el tránsito a la modernidad y tienden a perpetuar el subdesarrollo político.
El salto cualitativo de la transición dominicana se producirá, dentro del nuevo “Windows” de la democracia participativa, cuando quien controle el “mouse” apriete una tecla para eliminar la manutención estatal y privada de los partidos, para que los ciudadanos voten por aquellas formaciones políticas que, sin posibilidad de lucro mediante el erario público, beneficien con altruismo al sistema democrático, ese espacio de convivencia posible donde la gente deposita sus esperanzas de desarrollo y de bienestar.
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